Muchos cambios en el régimen de la intervención pública sobre la economía se han precipitado durante el último lustro de crisis. Un significativo añadido constitucional (el nuevo tenor del artículo 135, dedicado a la estabilidad presupuestaria), multitud de decretos-leyes y varias leyes de gran relevancia. Reformas del sector financiero, el comercio, los transportes y la energía, por citar sólo algunas, más un sinfín de medidas administrativas y pronunciamientos jurisprudenciales a tener en cuenta en nuestro análisis. La recesión ha puesto a prueba las clásicas técnicas de policía, fomento y servicio público, evidenciando fallos pasados por alto durante la anterior década de crecimiento del PIB español. Prácticas no cuestionadas en periodo de bonanza se consideran hoy aborrecibles, cuando finalmente calibramos el coste de la relativa impunidad con la que algunos responsables públicos y privados han manejado los recursos de todos, saltando de los niveles de gobierno a las corporaciones privadas sin rendir cuentas por su gestión ni asumir los daños producidos. A pesar de este preocupante escenario, nos mantenemos como Democracia Social de Mercado en el contexto de la Unión Europea. Nos encontramos ante una encrucijada en la que, una vez más, el pragmatismo con aspiraciones ideales ha de imponerse a las visiones más rácanas y miopes de la teoría económica. El desafío de la innovación se presenta también para el Derecho administrativo económico, obligado a readaptar su instrumental y presentar soluciones cooperativas y competitivas en cada una de sus instituciones: sus fuentes, organización, procedimientos, garantías, controles... Innovar la intervención pública y conseguir que la regulación administrativa favorezca la innovación.