El sistema de justicia penal, en general, y el Derecho penal, en particular, han ofrecido tradicionalmente un trato discriminatorio a las personas socialmente más desfavorecidas. Pese a que desde hace décadas se proclamara en los textos constitucionales la igualdad formal y real de todos los ciudadanos, lo cierto es que en las legislaciones penales siguen hallándose ciertos vestigios de un proceder discriminatorio respecto de las personas excluidas del sistema. Prueba de ello es que se castigan como delito comportamientos que son en su mayoría realizados por quienes se encuentran en una situación de exclusión: así, se criminalizan las conductas de bagatela, la inmigración irregular o el narcomenudeo, sin tener en consideración las circunstancias de los autores. Por el contrario, ilícitos que atacan los bienes jurídicos de los más desfavorecidos reciben en ocasiones escaso interés por el legislador, como ocurre con los ataques a los derechos laborales. A la vez, solo en contadas ocasiones se tienen en cuenta eximentes basadas en el injusto o en la culpabilidad que podrían mitigar la responsabilidad penal de los excluidos del sistema. Este trabajo ofrece una serie de propuestas de interpretación de la ley vigente y propuestas de reforma que permitan avanzar hacia un modelo de justicia penal que favorezca la inclusión.