La autora parte de la espectacular evolución que el sistema de justicia administrativa española ha experimentado desde la época preconstitucional del general Franco a la actualidad, evolución impuesta por la entrada en vigor de la Constitución de 1978, atendiendo a dos aspectos concretos: el acceso a la justicia de los ciudadanos y los actos de los poderes públicos sujetos a control constitucional. A continuación, traslada el análisis al marco del Derecho comunitario, señalando las insuficiencias del sistema jurisdiccional europeo cuando del control de los poderes públicos se trata.