El fenómeno religioso tiene su dinamismo y peculiaridad, tanto en la vivencia personal, donde destaca su profundidad y permanencia, cuanto en la comunitaria, con organizaciones sui generis. El Derecho cuenta con ello y lo ampara. Las confesiones religiosas, por las iniciativas que canalizan, tales como los actos de culto, beneficencia, cultura, ocio, etc., constituyen un factor de promoción social con vocación de contribuir al bien común. ¿Cuál es la respuesta del legislador español, en su escala competencial, al pluralismo religioso? ¿Qué nos dice de la libertad religiosa o la objeción de conciencia? ¿Cómo afronta la financiación, la enseñanza y la asistencia religiosa? La respuesta de los autores trata de dar predominio al Derecho vivo que late en la jurisprudencia española y supranacional.