No hay ninguna norma, excepto para los Partidos Políticos, que obligue a las empresas a disponer de un Modelo de Prevención de Riesgos Penales, ni a contar con los servicios de un Responsable de Cumplimiento, ya que su existencia se pone de manifiesto como parte de las exigencias para aplicar la eximente prevista en el Código Penal. Cosa diferente es que, por la prudencia debida, los Administradores decidan dotar a la empresa con esas figuras jurídicas. Evidentemente, la elaboración del Mapa de Riesgos Penales debe hacerse con criterios estrictamente legales. Por su parte, la organización de la empresa, fruto de su soberana decisión en sus asuntos internos, debe ser analizada minuciosamente con criterios de economía empresarial para valorar la adecuación de la misma a los objetivos señalados en los estatutos. A su vez, deberá valorarse la adaptación de su actividad al Código Ético de Conducta, núcleo de la prueba de la eficacia y de la idoneidad del modelo de prevención. Es por esto por lo que la elaboración de los Modelos de Prevención de Riesgos Penales, combinación de ambos tipos de conocimiento y experiencia, ha de ser efectuada de forma minuciosamente artesanal y según las circunstancias de la empresa, tal como desarrollamos a lo largo de toda la segunda parte de nuestra obra.