Las relaciones comerciales que se desarrollan en el seno de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta la transformación y distribución de productos agrícolas y alimentarios, juegan un papel esencial en el adecuado desempeño del sistema agroalimentario. Sin embargo, determinadas disfunciones y vulnerabilidades manifestadas en la cadena alimentaria, han impulsado al legislador comunitario y al español a aprobar diversa normativa para introducir mejoras en su funcionamiento. . La finalidad de esta legislación es lograr una mejor vertebración de la cadena alimentaria, la reducción de desequilibrios presentes en la misma, la lucha contra prácticas comerciales desleales y el aumento de la competitividad de los sectores implicados. A partir de la institución del contrato como instrumento para la conformación de la actividad de la empresa agraria, la obra analiza, en primer lugar, la evolución en España de la legislación especial sobre contratos para la comercialización de productos agrícolas o alimentarios. . A partir de los precedentes normativos, se centra la atención en la vigente Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, incluyendo un detallado análisis de las reformas introducidas en ella por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre. El núcleo principal de la investigación lo constituye el estudio del contrato alimentario, como medio fundamental para establecer y configurar jurídicamente las relaciones comerciales entre operadores de la cadena. Se analiza su definición, modalidades, naturaleza jurídica, elementos subjetivos, objetivos y formales, así como su contenido obligacional, con especial énfasis en el alcance de las condiciones contractuales mínimas exigidas por ley. . Finalmente, la obra aborda el estudio de las prácticas comerciales desleales que surgen en las relaciones entre operadores de la cadena alimentaria, susceptibles de distorsionar el contenido y prestaciones del contrato alimentario. Se realiza un esfuerzo de conceptualización, caracterización y clasificación de las mismas, a la vez que se procede al análisis del vigente listado de prácticas comerciales desleales establecido por la Ley 12/2013, tras la completa transposición al ordenamiento español de la Directiva UE 2019/633.