La potestad sancionadora pública ha sufrido una enorme evolución en los últimos años como consecuencia de las exigencias constitucionales y jurisprudenciales que han determinado la aplicación, con matices, al ámbito administrativo de las garantías establecidas para el ámbito penal. Este proceso se ha traducido en la codificación en las leyes comunes (Ley 39/2015 y 40/2015) de los principios esenciales de la potestad sancionadora, de un lado, y del procedimiento administrativo sancionador, de otro. Este proceso exige la reorientación de muchas normas sancionadora de carácter especial que son, precisamente, las que se han incluido en la Obra.