Todas las sociedades son plurales. Por ello, un Estado que se precie de democrático no puede ne­gar dicha rea­lidad y debe reconocer el pluralismo en toda su ex­­tensión. En este sentido, la de­­mo­cratización de Amé­rica Latina va unida inexorablemente al reconocimiento y respeto de la di­­versidad étnica y cultural. Diversidad que, en el ámbito normativo, encuentra su reflejo directo en la vigencia del Derecho indígena, que coexiste junto al Derecho estatal. Es precisamente esta coexistencia de sistemas jurídicos en un mismo territorio, en un mismo Estado, la que permite hablar de un pluralismo jurídico. Reconocimiento que comporta, a su vez, la necesidad de articular o coordinar ambas jurisdicciones (la estatal y la indígena).