La contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de España. En los dos últimos años, la regulación jurídica de esta materia ha sufrido numerosas modificaciones, algunas de importante calado, para adaptarse tanto a la situación de crisis económica como para cumplir con las exigencias del Derecho europeo. En 2010, el Ministerio de Ciencia e Innovación concedió un proyecto de investigación a un grupo de profesores universitarios para, entre otros resultados, promover la creación de un Observatorio de contratos públicos con vocación de continuidad y permanencia en el tiempo. Con ese objetivo, en el presente estudio se recoge el análisis de las principales novedades introducidas en la ordenación jurídica de la contratación pública así como interesantes propuestas de actuación para la modernización de la contratación pública y para materializar en la misma los principios de eficiencia, integridad, y buena administración.