Los hechos históricos de 1808 no son un capítulo más del recuerdo colectivo de la población española, sino que marcan el arranque de la España constitucional, con la quiebra de la vieja monarquía autocrática y el surgimiento del Estado liberal, en el cual se reconocen derechos fundamentales del individuo, se articula un gobierno representativo con una división de poderes y la independencia de la magistratura, todo ello bajo la vigencia de unos valores de justicia, libertad e igualdad ante la ley. La insurrección popular de 1808 es un legítimo acto colectivo de resistencia a la opresión, una defensa de la legalidad frente a la irrupción de la violencia militar y una afirmación de la soberanía nacional.