Desde 1995 el legislador considera el encubrimiento como delito contra la Administración de Justicia. Se interrumpe la previsión de los códigos penales españoles, que lo definían como forma de responsabilidad junto a la participación. La traslación a la parte especial del Código Penal no determina, cuál sea el fin que dé razón de la existencia de esta previsión legislativa, y permita interpretación conjunta con el delito de receptación. Plantea cuestiones, entre otras, la de su naturaleza dogmática, relación con el hecho previo, diferencia con la participación en el delito mismo. En ella se revisan las tesis que vinculaban el encubrimiento, tanto de la participación como con la Administración de Justicia; y se concluye con una propuesta de construcción de los delitos de encubrimiento y recepción como preceptos que vienen a garantizar la eficacia de las normas penales en cada caso infringidas.