La Unión Europea ha activado una estrategia económica de inversión pública para superar los efectos de la crisis del covid-19 que, tanto por la cuantía a invertir como por el tiempo en el que se va a desplegar, modificará las condiciones económico-financieras sobre las que se construyó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Dicha estrategia debería ser la oportunidad para reconstruir un Derecho constitucional económico europeo que, integrando estabilidad presupuestaria e inversión pública, genere las condiciones para un desarrollo en la Unión con más empleo y equidad.