Como expresa el propio Secretario General de las Naciones Unidas en su Estrategia Mundial de Lucha contra el terrorismo: "El terrorismo depende de negar la humanidad de sus víctimas" por lo que "debemos asumir el desafío de responder a la narrativa del odio con la narrativa de las víctimas y de los valores que las Naciones Unidas representan". A la hora de asumir ese desafío, hay que afrontar sin ambages la responsabilidad de los Estados sobre las normas y esa interrelación de las mismas con los valores de la sociedad en la que los individuos viven y se desarrollan. Es una realidad incuestionable que su eficacia no dependerá tanto de su validez formal como de la legitimidad que le confieran los valores que ordenen la sociedad en cuestión, viniendo a confirmar la máxima de Paulo: "no todo lo que es lícito es honesto". Por lo tanto, se puede concluir que hay un principio ético que condiciona el proceso evolutivo de cada sociedad y, consecuentemente, también de su ordenamiento jurídico. La Comunidad Internacional no es una excepción, por lo que, también en su seno, la estrategia de lucha más eficaz contra la terrible lacra en que se ha convertido el terrorismo habrá de encontrar la fortaleza moral en sus víctimas y el cauce fundamental para alcanzar sus objetivos, en la adopción de medidas enérgicas y concertadas para promover una conciencia común que mueva a la solidaridad con ellas desde la empatía y el respeto de su dignidad.