La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es considerada desde las propias instancias gubernamentales como la ley más importante de la actual legislatura, y ciertamente lo es pues comporta el cambio más significativo para las Administraciones públicas españolas desde la incorporación al inicio de la etapa constitucional de los Gobiernos democráticos a la dirección de las Administraciones.En efecto, esta ley supone ni más ni menos que la quiebra de una tradición secular de opacidad en la gestión de los asuntos públicos, que ha constituido un serio déficit de la democracia española con consecuencias en todos los órdenes, incluido el fenómeno de la corrupción que tanto inquieta a la sociedad española.