Adaptación práctica de la reforma de la legislación procesal en materia de la jurisdicción contencioso-administrativa, operada en virtud de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. Concordada con la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.