Arbitraje y Estado han parecido, al menos desde 1852, términos de difícil compatibilidad, donde las Administraciones, que ejecutan los designios gubernamentales, han preferido acudir al tradicional remedio que supone la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta prevención ha tenido como consecuencia una carga judicial insostenible y, por ende, cierta insatisfacción para los administrados, queson, no lo olvidemos, los ciudadanos cuando se relacionan con los servicios y funciones públicas.