En un contexto de crisis económica global, la situación de España era a comienzos del año 2012: de un elevado nivel de desempleo y de su prima de riesgo, de desconfianza en el Gobierno y, también, de desequilibrio en las cuentas de su sector público. Todo ello hizo necesaria la adopción de medidas de reforma estructurales dirigidas a conseguir la sostenibilidad financiera y, también, a promover el crecimiento de la economía española. La reforma de la Administración Pública española se desarrolló sujeta a un marco de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal. En este contexto renovador, el Plan Nacional de Reformas 2013, y en el ámbito de la racionalización y la eficiencia de las organizaciones públicas, recogió la existencia de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y de sus cuatro subcomisiones: de Duplicidades Administrativas; de Simplificación Administrativa; de Gestión de Servicios y Medios Comunes,; y de Administración Institucional. La CORA presentó, el 21 de junio de 2013, su informe (Informe CORA) donde quedaron recogidas las medidas de reforma pública propuestas por las distintas subcomisiones, además de unas medidas de carácter general. El objeto de este estudio es analizar el contenido de la reforma de la Administración de la legislatura del Gobierno Rajoy en el periodo 2012-2015.