En esta nueva obra, los autores dedican su estudio a diversos aspectos relacionados con la corrupción, uno de los más preocupantes fenómenos criminales, que tanto daño hace al Estado democrático de Derecho, especialmente si tiene lugar en el sector público, pues en tal caso pueden llegar a producirse decisiones políticas condicionadas o motivadas por razones diferentes al interés general, único que debe guiar siempre la actuación de los gestores públicos, afectando así al propio sistema institucional. La corrupción exige una respuesta firme y eficaz, que rechace con toda continencia las prácticas corruptas y permita recuperar la confianza de todos los ciudadanos en la Administración y los servicios públicos, siendo la recuperación de activos una de las prioridades en la política criminal moderma. La transparencia, una extraordinaria medida anticorrupción, la implementación de las recomendaciones tanto del Grupo Anticorrupción de la OCDE como del Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que confirma el compromiso de España frente a la corrupción en el marco de la cooperación internacional, la mejora de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aplicable incluso a partidos políticos, el endurecimiento de las penas previstas para los delitos contra la Administración Pública y del régimen de financiación de los partidos políticos, con previsión incluso de posible responsabilidad penal, la nueva regulación del decomiso y su complemente, el proceso de decomiso autónomo, que permitirá hacer realidad el principio de que el delito nunca compense a su autor y, en fin, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, regulada en el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, permiten confirmar los avances legislativos que, contra la corrupción, se han producido en España en los últimos años.