Pese a ser todavía una institución capital del orden jurídico, económico y social de nuestro tiempo, la propiedad privada no es (no puede ser) lo que era. Los cambios la rodean por todos los frentes. La desmaterialización de la riqueza, la globalización económica, la expansión del mercado, la proliferación de formas de cooperación público-privada y la creciente dependencia del individuo frente a fuentes externas que aseguren su subsistencia son, entre otros, factores determinantes de no pocas transformaciones en la forma como ella se concibe y opera en nuestra realidad. La Constitución se suma a este embate. La previsión constitucional de una regulación sustantiva de este derecho, al tiempo que lo garantiza, hace de la función social y ecológica un componente básico de su estructura y un fundamento innegable de su reconocimiento. A la par que erige a la propiedad en una pieza central del orden jurídico en general y de la Constitución económica en particular, trastoca varias de las claves de su comprensión tradicional y posibilita (¿exige?) la construcción de fórmulas que permiten acompasar su sentido, régimen y significado con los tiempos presentes. Bajo estas premisas, y al amparo de la autonomía conceptual de las instituciones constitucionales, esta obra plantea una forma distinta de apreciar y entender la propiedad privada constitucional.