El proceso que llevó a la adopción de un Tratado Internacional de Prohibición de las bombas de racimo ha sido un nuevo ejemplo de cómo la diplomacia de la sociedad civil, unida a la voluntad de ciertos estados, pueden impulsar normas de Derecho Internacional en materias como los derechos humanos, la acción humanitaria o el desarme. El Tratado prohíbe todas las bombas de racimo, sin excepciones; establece plazos y medidas estrictas de destrucción de arsenales e información a la ONU, y establece obligaciones de asistencia a los países afectados y las víctimas.