Partiendo de la premisa de que las pruebas han de desarrollarse en el acto del juicio oral, en el presente libro se analiza qué ocurre cuando «la prueba» ha sido realizada con anterioridad y no «puede» ser desarrollada en el momento del juicio. Todo acusado tiene derecho a ser confrontado con los testigos que declaren contra él; esto implica que los testigos han de acudir al juicio oral. Cuál es la solución a este problema y los supuestos en que este derecho queda válidamente excepcionado, es lo que pretende exponer este libro y, para ello, no sólo se examina la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino también la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, la doctrina del Tribunal Constitucional; además, también se analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos así como la doctrina desarrollada al respecto y, por último, también la posición defendida en el sistema alemán. Los cambios en nuestro sistema procesal penal al respecto son ineludibles, pues el derecho a confrontar a los testigos se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico. La cuestión no se circunscribe únicamente a los testigos sino que también tiene sus efectos en relación con los peritos y, naturalmente, en el ámbito de los documentos que puede ser aportados.