La presente obra afronta las implicaciones procesales más significativas de la expulsión del extranjero inculpado en el enjuiciamiento criminal, ya sea por aplicación de la sanción administrativa por infracción de las normas de extranjería o por la «sustitución» de una pena privativa de libertad o una medida de seguridad impuestas en sentencia penal firme. Sin renunciar a un repaso básico de la normativa vigente, se cuestionará especialmente la actual práctica mayoritaria de tribunales en el primero de los supuestos, ayuna de base legal, así como muchos de los motivos que critican el actual art. 89 del Código penal español, sin perjuicio de plantear su supresión a fin de asumir un sistema único donde la expulsión administrativa imponga una respuesta coordinada cuando el expulsable esté vinculado a uno o varios procesos penales, en cualquiera de sus etapas.