El uso legal de la fuerza constituye un instrumento del Estado para garantizar la seguridad colectiva, las libertades del individuo y la protección de los derechos fundamentales. Su ejercicio no es arbitrario, sino que se encuentra estrictamente condicionado por principios jurídicos y éticos de actuación que orientan la toma de decisiones de los mandos militares y policiales, destacando especialmente los principios de necesidad, oportunidad, congruencia y proporcionalidad. En el ámbito operativo y táctico, la actuación debe ser progresiva, adaptándose a los riesgos existentes. Las FCSE y las FFAA deben tener en cuenta en su actuación factores jurídicos, tácticos y éticos en escenarios de alta presión e incertidumbre. En este sentido, la formación y el criterio profesional son determinantes para evitar abusos o errores. En este contexto, el derecho penal actúa como mecanismo de control, contemplando eximentes cuando el uso de la fuerza se ajusta a derecho, lo que evidencia la necesidad de un equilibrio constante entre eficacia operativa y respeto a los derechos fundamentales. El presente trabajo analiza los elementos jurídicos esenciales que deben considerarse en la aplicación de la fuerza utilizando como hilo conductor la obra "terror".