La crisis económico-financiera y la política de contención del gasto público están dejando una profunda huella en la contratación pública (sector que representa, aproximadamente, el 20% del PIB de la Unión Europea). Aunque las cifras globales están sin cuantificar, algunos datos parciales resultan significativos. Sólo las licitaciones de obras públicas convocadas por el Ministerio de Fomento se han reducido en un porcentaje superior al 70% con respecto al periodo inmediato anterior al inicio de la crisis. Pero el efecto más significativo no es sólo la reducción de licitaciones, sino también un severo ajuste de los precios por parte de las entidades contratantes, lo que obliga a los contratistas a ofertar a precios cada vez más bajos, con grave riesgo para el cumplimiento de las estipulaciones pactadas. Al mismo tiempo, tiene lugar un mayor recurso a los medios propios que sustraen prestaciones de bienes y servicios de la contratación pública, en detrimento de un mercado más competitivo. Estas y otras situaciones generadas por la crisis han dado lugar a sucesivas reformas de la legislación de contratos (dieciséis en tan sólo cuatro años). Pese a ello, las soluciones adoptadas, en ocasiones, contrastan con la normativa de la UE, que tiene como objetivos principales potenciar el mercado único, garantizar la competencia, promover la optimización de recursos y fomentar la contratación estratégica, poniendo especial énfasis en los criterios ambientales y sociales. La obra que el lector tiene en sus manos ofrece, en doce capítulos, un análisis exhaustivo de los principales problemas de la contratación pública desde la perspectiva que proporciona la prolongada situación de crisis económico-financiera; valorando, al mismo tiempo, la aportación de los Anteproyectos de ley de trasposición de las Directivas de 2014 y las soluciones que ofrece el derecho comparado italiano y francés. Es una obra pensada para todas las personas preocupadas por este sector (responsables políticos, funcionarios, abogados, empresarios e investigadores). Su objetivo no es otro que contribuir a mejorar el marco regulador de la contratación pública y su aplicación práctica, en aras de garantizar que siga siendo un motor de progreso económico y social para la colectividad.