Intentando forzar procesos orientados a obtener el reconocimiento del derecho de autodeterminación, status que permitiría materializar la secesión del territorio, algunas Comunidades Autónomas han abierto vías para lograr aquellos fines. Es necesario clarificar las características de aquel derecho, la inconstitucionalidad de las iniciativas llevadas a cabo y los instrumentos de defensa que, desde el punto de vista jurídico, se encuentran a disposición de las Instituciones españolas para proteger la Constitución de 1978 y el Estado de Derecho. Debemos poner de manifiesto las respuestas del Tribunal Constitucional, garante de la Constitución, que una y otra vez neutraliza los intentos de desbordar los marcos que configuran la misma. Una segunda referencia es la doctrina de las Naciones Unidas, que ha fijado el alcance del derecho de autodeterminación. A conocer y estudiar las cuestiones apuntadas y sus derivaciones, que se deben considerar vitales para nuestra convivencia y para el desarrollo sin turbulencias de la Nación española, está dedicada esta obra, que reclama el rigor político necesario para que España no resulte afectada en lo fundamental por conflictos territoriales de esta magnitud.