Con la imputación penal nace para su destinatario el derecho a recibir auxilio y defensa por letrado. El legislador asegura la intervención del defensor en las primeras diligencias policiales y judiciales de investigación y la admite en las que integran la instrucción , pero parece asignarle un papel que, por limitado, no se corresponde con el que el constituyente le confía. En esta obra, su autora propone una lectura en clave constitucional de los preceptos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dedica a esta garantía básica del imputado, expresiva del verdadero alcance de la misión del defensor en aquéllas y el resto de fases procedimentales.