El arroz se cultiva en la zona del Ampurdán desde mediados del siglo XV. Se trata de un cultivo que implica una infraestructura hidráulica para facilitar el regadío. Los señores de los molinos lo son también del agua. Con el fin de llevar el agua a los campos de arroz, se establece una negociación entre las partes implicadas: señores de los molinos y del agua, señores útiles de las tierras y universidades, por cuyo término debe pasar el canal de riego. Las cosechas de arroz son altamente lucrativas, razón por la cual quienes perciben las rentas proponen ampliar la superficie cultivada. Algunas universidades invocan el bien superior de la salud y solicitan su prohibición. Estas diferencias generan una fuerte conflictividad que se canaliza por distintas vías. De esta conflictividad han quedado rastros documentales, y aquí se presenta una selección: desde la posición de los contrarios, con informes médicos que atribuyen la sobremortalidad al cultivo, y desde la de los partidarios, que solicitan autorizaciones a la Audiencia o a la Intendencia para cultivar el arroz libremente. Las posiciones enfrentadas desembocan en largos procesos judiciales, pero también en actuaciones de sabotaje. Con el fin de preservar el cultivo, muy lucrativo para los productores, y la salud pública, la Audiencia impone una reglamentación (1767, 1775) que establece una división de las tierras de arroz en cinco partes, así, de manera rotatoria, cada partición cultiva arroz un año de cada cinco. Ninguno de los sectores aceptará la medida. En 1797 estallará la revuelta que pondrá fin al cultivo del arroz.