Aunque, en criterio del autor, buscar la paz mediante el diálogo con el objeto de poner fin a más de cincuenta años de violencia, era una necesidad sentida del pueblo colombiano y las conversaciones se iniciaron bajo buenos auspicios en el orden interno y por parte de la comunidad internacional, se cometieron muchos errores durante el proceso; el Estado contrajo sin necesidad demasiados compromisos ?que no ha podido cumplir en su totalidad?, a la vez que no exigió de la guerrilla los deberes, obligaciones y garantías que ha debido exigir. Por ejemplo, en cuanto a la reparación a las víctimas y respecto a la verdad sobre los secuestros y la libertad de los menores reclutados. Pero, desde el punto de vista institucional, lo más grave ha consistido en la profusa, desordenada y precipitada aprobación de normas constitucionales y legales, sin debate en el Congreso y sin efectivo control, las cuales han terminado por desvertebrar el sistema jurídico fundado en 1991.