La legislación, tanto europea como española, ha introducido en los últimos años múltiples preceptos dirigidos a facilitar la carga de la prueba a quienes afirman haber sido discriminados por otro particular en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas. Tales preceptos, sin embargo, no aclaran con precisión en qué consisten las facilidades probatorias introducidas por el legislador y, en particular, si se trata o no de una verdadera inversión de la carga de la prueba. En efecto, hay que interrogarse hasta qué punto resulta jurídicamente sostenible y socialmente razonable gravar a los demandados con la carga de acreditar que no han causado la discriminación afirmada por el actor. El presente trabajo analiza dicha cuestión probatoria en tres fases. En primer lugar, se da cuenta de la jurisprudencia desarrollada por los tribunales norteamericanos en materia de distribución de la carga de la prueba, principal fuente de inspiración de la legislación europea en la materia. Seguidamente, la atención se centra en el estudio de los preceptos probatorios contenidos en las directivas antidiscriminatorias europeas. Y, finalmente, se acomete el análisis de la profusa legislación española en la materia y se formulan una serie de consideraciones conclusivas. La presente obra es la primera monografía sobre Derecho español en la que se trata de modo extenso sobre la carga de la prueba en materia de discriminación entre particulares fuera del ámbito laboral, sin descuidar el análisis de las disposiciones en la materia contenidas en el reciente Anteproyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato.