Las incertidumbres y las inestables complejidades del tráfico jurídico de la sociedad líquida se reflejan, como no podía ser de otro modo, en los cauces que el ordenamiento prevé con el fin de resolver las controversias que en ella surgen. El proceso se enfrenta a retos insoslayables, que demasiadas veces no son afrontados de manera franca por quienes tienen los medios necesarios para darles respuesta eficaz, entre los que destaca la iniciativa legislativa, aunque no es ni mucho menos el único. Las concretas circunstancias políticas, entendidas en el peor sentido como condiciones de un juego político romo y miope, pesan con frecuencia más que la constatación de las necesidades generales del foro, cuya urgencia conocemos los estudiosos y los profesionales de la justicia; aunque, como es fácil observar, no siempre con una capacidad de convicción suficiente .Sin embargo, la ausencia de voluntad o la incapacidad de quienes han demostrado en repetidas ocasiones velar más por sus propios intereses que por la efectividad de los valores, principios y garantías de un Estado social y democrático de Derecho, no nos hace renunciar a expresar nuestras argumentaciones fundadas. El deber del intelectual jurídico es el de seguir ofreciendo su opinión leal con el fin de contribuir, antes o después, al perfeccionamiento del instrumento procesal y también de aquellas vías complementarias que pueden servir, cada una en su concreto ámbito, a la paz jurídica. En la obra que aquí se ofrece a la comunidad jurídica interesada, gracias a la inestimable labor de la Fundación Privada Manuel Serra Domínguez, un numeroso conjunto de conspicuos juristas diagnostica los problemas actuales de la administración de la justicia y se aventura a proponer sus juiciosas sugerencias, con el objetivo de aportar su esfuerzo en las transformaciones adecuadas que el sistema procesal necesita para ajustarse a las exigencias de la confusa realidad. Quien ostente las consiguientes competencias hará muy bien en fijarse en lo que en estas páginas se recomienda.