La LO 2/84 de 26 de marzo configura y desarrolla el derecho fundamental a recibir información veraz del art. 20.1.d CE, a través de la regulación del ejercicio de un derecho subjetivo instrumental denominado DERECHO DE RECTIFICACIÓN, cuya función principales la garantía de la veracidad informativa, además de cumplir la función institucional de formación de una opinión pública libre y la función preventiva sobre el perjuicio de otros derechos, y que difiere de anteriores regulaciones. Su vinculación constitucional, las condiciones previas y causas tasadas de ejercicio de la acción y las especialidades procesales reguladas, configuran un proceso específico, exclusivo e incardinado en el art. 53.2 CE, cuyo objeto es la publicación de la rectificación con base en dichas diferentes causas (entre las que puede estar la veracidad), y cuyo fallo y sus causas tienen efectos de cosa juzgada material, siendo perjudiciales en posteriores procesos al amparo de la LO 1/82, lo que a través del papel de la veracidad, puede colaborar a un mayor equilibrio en la praxis actual de los conflictos entre el art. 18.1 CE y el art. 20.1d CE.