El Derecho de aguas canario es probablemente, junto con los Cabildos Insulares, uno de los sectores que más "personalidad" confiere al Derecho público canario. Con el advenimiento del Estado autonómico ha experimentado una transformación sustancial, en la medida en que la declaración hecha por el legislador estatal de que la práctica totalidad de las aguas continentales son de dominio público, y la creación de las Comunidades Autónomas, han supuesto un cambio trascendental de un régimen en el cual, tradicionalmente, la iniciativa privada ha desempeñado un papel predominante, con todas las ventajas, pero también con los inconvenientes que ello conlleva.