Una semana después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, firmó una orden clasificada que permitía a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) capturar en el extranjero a las personas que figuraran en una lista de sospechosos de terrorismo internacional de corte yihadista. Este programa secreto de entregas extraordinarias (extraordinary renditions) se ha ejecutado durante años con la connivencia de varios países aliados, entre ellos algunos europeos. En diciembre de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció la realidad de estos secuestros. La Sentencia vino acompañada de dos votos concurrentes que ponen en evidencia el debate interno en el seno del Tribunal sobre la consideración del derecho a conocer la verdad como un derecho autónomo. Es el tema que aborda esta monografía: la posible concepción del derecho a la verdad, en el marco concreto de las desapariciones forzadas, como un derecho independiente o como un nuevo derecho humano.