En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2030 cobran una gran relevancia las cuestiones del envejecimiento de la persona. Ha de asegurarse que los mayores no queden rezagados en la formulación y aplicación de políticas que puedan cubrir todas sus necesidades, eliminando prácticas discriminatorias y todo tipo de abusos y violencia económica frente a ellas. Para ello debe hacerse hincapié en la necesidad de cuestionar las normas vigentes y abordar la reforma de las leyes e instituciones principalmente en el ámbito penal y en el civil. El sistema jurídico de protección civil de los mayores vulnerables presenta disfunciones que abocan a resultados prácticos insatisfactorios y se ha puesto de manifiesto la necesidad de diseñar un sistema jurídico eficaz que sea verdaderamente represor de los abusos de influencia sobre estas personas. Quedan todavía muchos aspectos en los que avanzar hasta llegar al diseño completo de un sistema de protección ante abusos en los actos dispositivos de estas personas; un sistema que sancione aquellos actos jurídicos que han sido realizados sin plena consciencia o bajo condiciones de violencia velada, dependencia y confianza. En el ámbito penal no hay una regulación específica y adecuada de la protección a la vulnerabilidad del mayor, en una población tan importante y creciente de nuestro país. El Código penal español no tiene una referencia directa a la circunstancia de la ancianidad. Dejando aparte los abusos físicos y psicológicos y centrando la atención en los abusos patrimoniales parece imprescindible la mejora en el tratamiento de estafas y hurtos, así como en supuestos de robo con fuerza. En todos ellos la víctima mayor, por su especial fragilidad física y por su vulnerabilidad psicológica, debe ser protegida cuando su soledad y credulidad es aprovechada.