El libro es la aportación de dos experimentados profesores y abogados, Julio Banacloche y Jesús Zarzalejos, para facilitar el estudio del sistema procesal penal español y la aplicación de sus principales normas reguladoras. Los autores han enfocado su trabajo, preferentemente, hacia el estudiante de Derecho, para que disponga de una obra que tiene dos propósitos: ofrecer ordenadamente la realidad del proceso penal español mediante la sistematización de sus leyes y estimular la atención del alumno por las doctrinas de los principales órganos jurisdiccionales, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Para lograr estos objetivos, los autores presentan las instituciones y los procedimientos del sistema procesal penal español de manera dinámica y narrativa, deteniéndose en aquellas controversias doctrinales imprescindibles para entender algunos de los cambios de doctrina judicial de los últimos tiempos sobre aspectos tan relevantes como el principio acusatorio o las garantías de los derechos fundamentales en determinadas diligencias de investigación. Sin embargo, por esta configuración eminentemente pedagógica, la obra también es útil para los profesionales del Derecho, porque los autores han seleccionado la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre aquellas materias especialmente afectadas por sus doctrinas. De esta manera, Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal es una obra de consulta práctica, que condensa la experiencia docente y profesional de sus autores, quienes están convencidos de que el estudio de la ciencia procesal es imprescindible para la formación básica de cualquier jurista. Esta segunda edición de la obra responde al compromiso de los autores con el mantenimiento de una obra actualizada, a disposición de los alumnos de las Facultades de Derecho, pero también de los profesionales que desean acceder a una visión de conjunto del proceso penal español, expuesto de forma dinámica y sistemática. En ella se recogen nuevas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, así como las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, con las que se ha creado un régimen procesal penal específico para las personas jurídicas imputadas.