Pese al tiempo transcurrido desde que el Tribunal Constitucional dictara su conocida sentencia 145/1988, de 12 de julio por la que declaró inconstitucional uno de los preceptos de la Ley 10/1980, de 11 de noviembre que permitía confundir las facultades investigadoras y decisorias en el Juez de Instrucción a la hora de enjuiciar determinados delitos, no deja de ser estar la cuestión de perenne actualidad. Puesto que el principio de imparcialidad no está explícitamente contemplado en nuestro texto constitucional, aunque pueda entenderse consustancial a la función jurisdiccional, no mereció el interés de nuestros autores ni Tribunales hasta que las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos crearon un cuerpo de doctrina cuya recepción en nuestro sistema procesal penal era simple cuestión de tiempo, resurgiendo periódicamente el debate sobre el modelo procesal creado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.