La reserva de ley debe entenderse como una garantía ineludible de legitimidad del sistema en su conjunto. Su vinculación con el principio democrático es evidente, pues, hace referencia a la exclusivapotestad reguladora del legislador en materias predeterminadas, lo que incluye, según la postura aquí mantenida, la obligación de legislar sin posibilidad de delegar esas atribuciones en otras instancias, principalmente en lo que toca con el desarrollo y regulación de los derechos y libertades fundamentales.