En la Constitución, los artículos 40.2 (los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo), 15 (todos tienen derecho a la protección de la salud), 43.1 (se reconoce el derecho a la protección de la salud) y 43.2 (compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios), configuran un derecho constitucional del trabajador a la protección de la salud laboral.