El acceso a los tribunales está en buena medida condicionado por el coste que al justiciable le comporta litigar en defensa de su derecho. La garantía de la tutela judicial efectiva no solo se orientaal establecimiento de un sistema judicial eficaz y eficiente. También debe comprender la financiación de los costes que razonablemente le pueden suponer al justiciable. La limitación de recursos delEstado puede justificar que el derecho a litigar gratuitamente sólo se reconozca a quienes carecen de recursos para afrontar el riesgo que supone un proceso. Su delimitación siempre puede ser objeto de debate, pero el surgimiento de otras formas de financiación, por terceros, parece manifestar su insuficiencia. Por otra parte, esa financiación por terceros se condiciona en buena medida a la probabilidad de un resultado favorable. Ahora bien, obtenido un pronunciamiento favorable, ¿lo es plenamente? ¿Qué razones hay para limitar o excluir el reintegro de las costas que necesariamente ha habidoque afrontar? Al indagar en ellas se advierte cómo ha ido ganando terreno la preocupación del legislador por aliviar la factura