El progresivo distanciamiento de la actual configuración del sistema político respecto de la ciudadanía se ha ido repitiendo a lo largo de los últimos años; y quizá las posibles causas y eventuales soluciones al problema no se encuentren todas en el campo del Derecho. No obstante, quizá éste, y específicamente el Derecho constitucional, pueda ofrecernos ciertas herramientas para al menos comprender alguna de las causas y de las eventuales soluciones. Este estudio pretende analizar las posibilidades de mejorar el derecho de participación política del ciudadano, reconocido en el art. 23 de nuestra vigente Carta Magna, en primer lugar, proyectándolo en las posibilidades de participación en el seno de las asociaciones que canalizan principalmente tal participación política, los partidos políticos (art. 6 CE), en segunda instancia, en su derecho de elección a los partidos; garantizando en este último caso la igualdad que parece imponer nuestra Constitución en el derecho de sufragio. Ambas reivindicaciones se encuentran íntimamente relacionadas; pueden ser decisivas para articular mecanismos que permitan fomentar la mencionada participación ciudadana. En este sentido, cabría considerar ciertas propuestas de reforma que, lejos de situarse fuera o extramuros de la Constitución, podrían perfeccionar la realización de algunas directrices constitucionales. La decisión política fundamental de nuestro constituyente por la democracia (art. 1.1 CE) se sustenta en la necesaria participación ciudadana, configurada como principio político que ha de orientar la actuación de todos los poderes públicos (art. 9.2 CE). Decisión fundamental por la democracia (art. 1.1 CE) y principio político de participación ciudadana (art. 9.2 CE) se proyectan a su vez en el derecho fundamental de participación política (art. 23 CE).