Cuando hace ahora ocho años la recién nacida revista EL NOTARIO DEL SIGLO XXI invitó a Antonio Rodríguez Adrados a participar en sus páginas, nuestro más insigne notarialista, haciendo gala de su proverbial generosidad, fue más allá y me propuso colaboraciones periódicas desgranando en artículos sucesivos, uno a uno, los llamados principios notariales. No los que podrían ser principios apriorísticos formulados desde el idealismo del deber ser, sino las reglas en las que, por sana inducción de su normativa, puede quedar cristalizada o sintetizarse la práctica notarial. Nada más acertado. Y nada mas útil y al mismo tiempo de mayor universalidad, pues el propio origen del notariado, cuya partida de nacimiento no fue librada por el poder constituido sino por la propia sociedad civil que lo reclamaba, garantiza para la institución, en sus líneas genéricas, unos perfiles comunes y al mismo tiempo dinámicos que, además de facilitar una adaptación continuada, con naturalidad y sin esfuerzo, a las sucesivas mutaciones sociales, mantienen una notable uniformidad, cosa lógica por constituir la respuesta natural a unas demandas generalmente coincidentes en las diferentes latitudes del planeta cuando las coordenadas políticas y culturales también lo son. Pocas instituciones civiles pueden presumir de mantener durante siglos una configuración tan fija y uniforme, sin modificaciones sustanciales, en el imaginario colectivo como el notariado. Y consecuentemente pocas instituciones civiles son susceptibles de ver sintetizada su realización básica en principios inducidos de carácter más lapidario y universal.