El Estatuto de Andalucía de 1981, pese a ser una importante referencia para autoridades públicas y para juristas, no establecía una vinculación directa e inmediata con la ciudadanía. De ahí que sus lectores habituales fueran las personas que tenían que trabajar en el ámbito de la Administración con cuestiones competenciales e institucionales. Por el contrario, el Estatuto de 2007 está destinado a tener una mayor difusión y un alcance mucho más amplio. La vinculación de los poderes públicos autonómicos a una tabla de derechos estatutaria le otorga una vida propia al Estatuto convirtiéndolo, dentro del marco constitucional, en la norma fundamental no sólo de la Junta de Andalucía, sino también de la sociedad andaluza. La edición conjunta de la Constitución Española de 1978 y del Estatuto de Andalucía de 2007 asume la realidad de este nuevo Estatuto ofreciendo así a juristas, instituciones y ciudadanía andaluza una visión completa de las normas fundamentales que definen el marco constitucional y estatutario de Andalucía.