En los sanfermines de 1978, la policía española irrumpió en la plaza de toros de Iruñea y abrió fuego contra la multitud. La carga se extendió por toda la ciudad durante horas, y provocó decenas de heridos y un joven muerto, Germán Rodríguez. Días después, el 11 de julio, otro joven, Joseba Barandiarán, moriría en Donostia por disparos policiales en una manifestación en solidaridad con Iruñea. Lo que ocurrió aquellos días no fue algo aislado: fue una operación premeditada, ejecutada con impunidad y respaldada desde las más altas instancias del Estado; principalmente, desde el Ministerio del Interior, dirigido entonces por Rodolfo Martín Villa.