En 1820 las Cortes aprobaron el arancel general de las aduanas de toda la Monarquía española. Su duro proteccionismo y prohibicionismo coartaba el libre comercio que los puertos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas practicaban, desde fines del siglo XVIII, con los extranjeros. Si bien es conocida la oposición que levantó en las islas antillanas, se ignoraba cuál había sido la postura de las autoridades españolas y corporaciones locales de la colonia asiática. El hallazgo del expediente que aquí editamos permite el estudio comparativo de la actuación de las élites filipinas con las antillanas y el posterior consenso alcanzado por todas ellas con la metrópoli. El análisis de esta fuente única y desconocida proporciona una visión más completa de las dinámicas administrativas y económicas del contexto colonial de la época, enriqueciendo el entendimiento de las relaciones entre el centro y la periferia del Imperio español.